La Picota

Basta una rápida lectura al
proyecto de reformas propuesto en 2010, para la creación de una Secretaría de
Servicio Civil que sustituya a la Oficina de Servicio Civil, ONSEC, para
entender que es otro de esos chistes que se mandan cada tanto los diputados
para justificar el sueldo. La sustitución de una entidad cuya finalidad es, ser
el ente rector en materia de gestión de Recursos Humanos a nivel nacional por
otra que sería casi lo mismo pero con diferente nombre, no hace mucho sentido.

El problema de fondo se conoce
de sobra. La institución es incapaz de controlar la contratación de miles de
empleados públicos en toda la república. Se siguen aplicando leyes de hace 50
años, normas que entran en conflicto unas con otras, por lo que nadie sabe cuál
aplicar en cada caso. Esa discrecionalidad permite que malos trabajadores no
puedan ser despedidos, aun cuando hayan cometido faltas graves.

La
principal causa del mal funcionamiento de la administración pública es la
inamovilidad de los malos empleados, la contratación de recomendados sin
capacidad para ejercer las funciones y los bajos salarios que impiden a los
buenos profesionales acceder a puestos estables y con posibilidad de escalar a
mandos superiores de acuerdo a su capacidad y experiencia. La burocracia
deviene de una serie de procedimientos obsoletos, como el levantamiento de
actas o las sanciones administrativas para los empleados transgresores, pero
que luego son desechadas discrecionalmente por asesores laborales plegados a
los sindicatos.

El
procedimiento para la contratación es tedioso. La presión que ejercen los
funcionarios, especialmente diputados y sus correligionarios, para que se
contrate personal por afinidad política, es el mayor problema. Así mismo, la
Ley de Servicio Civil, que va ligada a la Ley de Salarios, Ley de Clases Pasivas
y otras que se contradicen y se bloquean, tendrán siempre el mismo resultado:
la inoperancia de cualquier institución que trate de regular el tema de los
Recursos Humanos, sin importar que nombre le pongamos.

Sobre
esta institución se ha escrito mucho, se ha recomendado otro tanto y se han
hecho análisis exhaustivos, pero toda voluntad política se ha topado contra el
muro de la corrupción.

Tal
vez, el mayor problema de la ONSEC sea el pretender centralizar las decisiones
que deberían tomarse dentro de cada institución. La homogenización de las
relaciones laborales es una utopía tan grande como el Comunismo. Una
institución no es igual a otra. La calidad y profesionalismo de los
trabajadores deben adecuarse a las actividades de cada sector. Los salarios también
deben  ajustarse al mercado laboral y ser
competitivos. Un científico no puede cotizarse igual que un licenciado. La
responsabilidad, la carga de trabajo y los conocimientos que cada puesto
requiere, no pueden homologarse por tablas o estratos de trabajadores con salarios
nominales que, en algunos casos, son ridículos.

Si
queremos tener un gobierno de primera, debemos contratar a los mejores. Además,
Se debe establecer la edad límite para el retiro obligatorio. Nadie en su sano
juicio quiere morir sentado en un escritorio solo porque las condiciones para
jubilarse no le favorecen. Las oficinas públicas están plagadas de personas de
edad avanzada cuyos conocimientos se han quedado obsoletos. Sin duda la
movilidad del personal es, en algunos casos, la razón de nuestro subdesarrollo.

El proyecto de ley presentado en 2010 es muestra del desconocimiento de los verdaderos problemas que se viven día a día en la administración pública. No importa cuántos gobiernos pasen ni cuántos directores cambien. El problema de fondo no ha sido discutido. Se necesita de la confluencia de todos los actores sin que solo un sector lleve la voz cantante.

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La entrada Intrascendentes reformas a la ONSEC se publicó primero en El Siglo Guatemala.

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Author: Roxana Ávila Martínez