La Inspección de Trabajo aflora mas de11 millones de euros en fraudes y sanciones y regulariza la situación laboral de 3.695  trabajadores

La consejera de Empleo destaca la labor inspectora como una herramienta fundamental para luchar contra la precariedad y el fraude

La actividad de la Inspección de Trabajo en Cantabria durante el año 2019 ha permitido aflorar en fraudes y sanciones mas de 11 millones de euros, así como regularizar la situación laboral de 3.695 trabajadores y trabajadoras, según los datos ofrecidos hoy por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez.

La consejera, acompañada por el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria, Miguel Ángel Gálvez, ha informado en rueda de prensa de la actividad desarrollada por este organismo en materia de prevención de riesgos laborales, empleo y relaciones laborales, seguridad social, economía irregular y extranjería, una vez concluida la reunión anual con los agentes sociales a los que se han presentado las cifras del 2019.

Según ha explicado Ana Belén Álvarez, la labor inspectora ha permitido regularizar la situación laboral de 3.695 trabajadores y de los 11,3 millones de euros que han recaudado gracias a las 12.190 actuaciones de los inspectores y subinspectores, 7,3 millones corresponden a liquidaciones de la Seguridad Social y 4 millones a sanciones.

Estas cifras, ha indicado, “demuestran la importancia y el valor del trabajo de la Inspección como un mecanismo fundamental para luchar contra la precariedad laboral y el fraude”. Una labor inspectora que realizan las dos administraciones, central y autonómica.

En ese sentido, ha resaltado el compromiso de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales de “intensificar la vigilancia de la normativa laboral, persiguiendo conductas que lesionan los derechos de las personas trabajadoras e impulsando medidas que combatan el abuso de la contratación temporal, las horas de trabajo no remuneradas y el incumplimiento de las condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos”.

Según ha manifestado Ana Belén Álvarez, “estas conductas perjudican gravemente a las trabajadoras y los trabajadores, pero también a las empresas que cumplen sus obligaciones, que son la enorme mayoría, y a las que las infractoras hacen competencia desleal”.

En su intervención, la consejera ha dado cuenta del balance de la inspección en las competencias transferidas a la Comunidad Autónoma, que son la prevención de riesgos laborales y relaciones laborales, y el director territorial de la Inspección de Trabajo ha ofrecido los datos de seguridad social y economía irregular y extranjería.

Prevención de Riesgos laborales

Ana Belén Álvarez ha explicado el mayor control que se está ejerciendo en materia de Prevención de Riesgos Laborales con relación al año anterior gracias a la incorporación de tres  subinspectores laborales en la escala de Seguridad y Salud el pasado mes de junio.

Esto, ha explicado, “ha tenido un fuerte impacto en la actividad inspectora en esta materia”, donde las 29 campañas realizadas han aportado un aumento de las infracciones en un 2%, de las sanciones en un 50% (que en este capítulo han ascendido a 1,23 millones de euros), de los afectados en un 21% y de los requerimientos en un 55%.

La primera causa de incumplimientos preventivos en Cantabria durante 2019 ha sido en materia de evaluaciones de riesgos laborales, seguida de vigilancia de la salud e irregularidades en máquinas y equipos de trabajo.

La Inspección ha efectuado más de 4.600 actuaciones en esta materia, dos de ellas con la paralización de la actividad por riesgo grave e inminente en máquinas y equipos de trabajo.

Ha explicado que se han extendido 1.181 requerimientos, el 28% de ellos en materia de evaluación de riesgos y planificación preventiva. Se han efectuado 92 segundas visitas de inspección para comprobar requerimientos previos y se han despachado 360 denuncias presentadas por trabajadores o interlocutores sociales.

La consejera ha insistido en que el Ejecutivo “seguirá luchando por reducir la siniestralidad laboral, por un trabajo digno y estable”, y un mercado de trabajo en el que primen las “relaciones laborales justas”.

Empleo y relaciones laborales

En esta materia, Ana Belén Álvarez ha informado de que la primera causa de incumplimientos laborales en Cantabria ha sido la relativa al tiempo de trabajo, seguida por los incumplimientos en contratación, salarios y los que se producen en materia de derechos de los representantes legales de los trabajadores.

La Inspección de Trabajo ha actuado en un total de 26 campañas planificadas y acordadas en la Comisión Operativa, que se dividen en 4 grandes áreas: contratación, condiciones de trabajo, igualdad efectiva entre hombres y mujeres y control de ayudas de fomento del empleo ajenas a la Seguridad Social y acciones formativas.

La Inspección ha efectuado más de 1.700 actuaciones en esta materia, 467 de ellas relativas a incumplimiento de la normativa sobre contratación, 453 del tiempo de trabajo, y 219 sobre salarios, recibos y finiquitos. Como consecuencia de la labor inspectora 556 contratos que estaban en situación irregular se han trasformado en indefinidos.

Además, la Inspección ha informado un total de 69 de expedientes de regulación de empleo y ha despachado 391 denuncias en materia de prevención de riesgos laborales presentadas por trabajadores o interlocutores sociales. En esta materia las sanciones han ascendido a 303.983 euros. Con relación al año anterior, las infracciones han aumentado un 7%, las cuantías de las sanciones un 19% y los afectados un 22%.

Seguridad Social

Por su parte, el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria, Miguel Ángel Gálvez, ha ofrecido los datos relativos a la seguridad social, así como economía irregular y extranjería.

La Inspección ha efectuado 5.636 actuaciones y con relación al año anterior, las cuantías y los afectados han aumentado en un 28% y un 86% respectivamente. En seguridad social se han detectado un total de 575 infracciones que afectan a 3.051 trabajadores, por las que se han impuesto algo más de 2 millones de euros en sanciones.

Se han efectuado liquidaciones por una cuantía de 7,3 millones de euros ante casos de falta de cotización a la Seguridad Social, extendiéndose 141 requerimientos a empresas por incumplimientos en la normativa. La inspección también ha constatado 715 faltas de alta en el sistema de la Seguridad Social.

Las principales infracciones han sido faltas de alta de trabajadores por cuenta ajena con un 35% del tota; altas fuera de plazo, el 17%: percepción irregular de prestaciones por desempleo, un 16%;, y falta de alta y cotización por salarios de tramitación y vacaciones no disfrutadas.

Economía irregular y extranjería

Por lo que se refiere a economía irregular y extranjería, Miguel Ángel Gálvez ha explicado que se han efectuado 254 actuaciones que han permitido detectar 60 infracciones que afectaban a un total de 88 trabajadores. Las sanciones a los empleadores por este concepto han superado los 496.000 euros.

Con relación a 2018, las infracciones han aumentado un 28% y la más detectada ha sido la de falta de autorización de extranjeros trabajando en España, seguida de la percepción irregular de subvenciones para la formación profesional para el empleo y la simulación de la relación laboral por parte de personas extracomunitarias.

Actuaciones para 2020

Para el año 2020, la Comisión Operativa presidida por Ana Belén Álvarez ha acordado la realización de 97 campañas con un total de 7.095 órdenes de servicio.

En materia de prevención de riesgos, además de las campañas habituales, se va a hacer una especial centrada en los riesgos químicos en las peluquerías y otra centrada en el control de los accidentes leves en las empresas.

En el campo laboral, se mantienen las actuaciones para controlar contratos, subcontrataciones y control del tiempo de trabajo, y habrá una campaña específica dirigida a comprobar la correcta implantación del registro de jornada.

En materia de seguridad social, se mantienen las campañas de lucha contra el fraude, contra el empleo irregular, becarios y empresas ficticias y, por último, en materia de economía irregular la actuación este 2020 se va a centrar en las plataformas colaborativas y comercio electrónico, para luchar, principalmente contra los falsos autónomos.