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Las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europa durante los últimos meses podrían dar lugar a una novela que encajaría perfectamente en los cánones del género victoriano del amor imposible abocado al fracaso. Una narración al más puro estilo Cumbres Borrascosas o Jane Eyre. Pero lo cierto es que, cuando ya se daba todo por perdido, ante lo que parecía el instante más oscuro, una luz parece vislumbrarse al final del túnel de las negociaciones.

En efecto, el Reino Unido y la Unión Europea parecen haber alcanzado este jueves, por fin, un acuerdo –esperemos que definitivo- que permitiría consumar una salida negociada en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, evitando así el tan temido, a la par que indeseado, brexit duro.

Dicho texto será puesto ahora en manos de los embajadores de los Estados miembros ante la UE, así como de los equipos técnico-jurídicos de las capitales, para que sea revisado con sumo cuidado. En este sentido, España deberá tener un especial celo y cuidado en todo lo referente a la cuestión de Gibraltar, aunque todo apunta a que este punto permanece inalterable con respecto a lo ya pactado.

Los términos del segundo acuerdo

Este segundo acuerdo mantiene, en líneas generales, los grandes términos incluidos en el anterior compromiso negociado con Theresa May: se mantendrán y respetarán los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido (tanto para los residentes como para los que lleguen durante el período transitorio hasta finales de 2021 ó 2022) y Londres asumirá sus deudas pendientes con la Unión tras la salida (una factura que asciende a casi 50.000 millones de euros).

La principal novedad que se introduce y plantea está relacionada con lo que hasta ahora constituía el principal escollo para que la salida civilizada se produjera: el backstop o salvaguardia irlandesa.
En efecto, la fumata blanca finalmente se ha producido gracias a la modificación sustancial del Protocolo sobre Irlanda.

Conforme al anterior acuerdo negociado con May, esta condición o compromiso implicaba asumir que la salida del Reino Unido de la UE no conllevaría el levantamiento de obstáculo fronterizo alguno entre las dos Irlandas, esto es, se debería seguir manteniendo una frontera abierta tal y como se estableció en los Acuerdos de Viernes Santo con los que, recordemos, se puso fin al largo periodo de violencia en el Ulster entre católicos (partidarios a la unión con Irlanda) y protestantes (deseosos de mantener su condición de británicos).

Ese backstop -que sólo se iba a activar en caso de no lograrse un acuerdo comercial que solventara la cuestión de la frontera irlandesa- implicaba que, una vez formalizada la retirada y mientras no se encontrara una solución mejor para la totalidad de la isla, Reino Unido y la UE compartirían un territorio aduanero único, para evitar aranceles, cuotas o controles en los productos que circulen entre Irlanda e Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte, además, se aplicarían algunas normas europeas, como la legislación sobre el IVA y los impuestos especiales, y las relativas a mercancías y a controles veterinarios.

Cambios sustanciales

Con el nuevo acuerdo los términos de esa salvaguardia cambian sustancialmente. Se evita una frontera terrestre dura, pero mediante una solución que sólo afecta a la isla de Irlanda: el Ulster formará parte del territorio aduanero británico, aunque en la práctica aplicará y respetará toda la normativa europea necesaria en materia de aduanas y tarifas, con la vigilancia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto significa que la frontera en la que se realizarán los controles y verificaciones (por parte de las autoridades británicas bajo la supervisión de la UE), se desplaza al mar de Irlanda, pasando a ser una frontera marítima en vez de física.

Por otra parte, Irlanda ha tenido que renunciar a la salvaguardia permanente. El nuevo mecanismo de consentimiento permite que cada cuatro años, después de la entrada en vigor del Protocolo, la Asamblea de Irlanda del Norte (en estos momentos inoperante por decisión de Londres) pueda votar para abandonar el backstop, lo que en la práctica supondría su completa desconexión de la Unión Europea.

Por otra parte, la declaración política sobre la futura relación entre la Unión y el Reino Unido también ha experimentado una sustancial modificación: ya no dará paso a una relación privilegiada entre la UE y el Reino Unido. Este último pasará a ser un rival (que no enemigo) comercial y económico con el que Europa deberá competir.

Próximos pasos

Los términos exactos de este nuevo acuerdo acaban de ser aprobados en la cumbre del Consejo Europeo reunido este jueves y viernes en Bruselas, con un último gesto de buena voluntad, a modo de enmienda en el acuerdo, por parte de la Unión: en lo que respecta a la relación futura con el Reino Unido, es y será un acuerdo de libre comercio. Nada, por el momento, induce a pensar que el Parlamento Europeo lo vaya a rechazar. Restaría, en cualquier caso, superar el penúltimo y gran escollo, que no es otro que la consabida falta de consenso en el Reino Unido.

Desde la convocatoria y la celebración del infausto referéndum, hasta la manera de negociar el anterior acuerdo de retirada, nada de lo ocurrido, desde entonces hasta ahora, ha contado con el consenso necesario. La falta o ausencia de ese acuerdo general sigue contaminando y lastrando el debate entre los miembros de la élite política británica y sigue generando una fractura sin precedentes en la población. De hecho, y pese al acuerdo entre Londres y Bruselas, los lideres del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte (DUP) ya han advertido que no iban a apoyar este sábado en la Cámara de los Comunes el nuevo acuerdo sobre el brexit.

Pero incluso si éste se rechazara, una posibilidad que no cabe descartar ahora mismo, todo apunta a que Londres tendría que resignarse a solicitar una tercera prórroga del brexit más allá del 1 de noviembre.


El autor, Fernando Lozano Contreras, es director académico del Centro de Documentación Europeo de la Universidad de Alcalá


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Fernando Lozano Contreras does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

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Author: Fernando Lozano Contreras, Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Alcalá