El Gobierno de Cantabria ha acordado este jueves, en su reunión semanal, desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial planteada por el Ayuntamiento de Santander por la resolución del convenio urbanístico firmado con Caja Cantabria en 2010, como consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en 2017 por el Tribunal Supremo.
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