Gobierno y agentes sociales negocian cómo transicionar entre los dos mecanismos. Los sindicatos quieren un proceso gradual y con garantías para que el sistema de protección «no se vea empañado por una transición precipitada» y piden que, si es necesario, se prorrogue el sistema actual para desplegar adecuadamente el que está recogido en la reforma laboral.
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