La Fiscalía basa su investigación en que «el rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad» desde que dejó el trono y le acusa por la posible implicación en el cobro de comisiones en el proyecto de construcción del tren AVE.

La Fiscalía del Tribunal Supremo español ha asumido, desde este lunes, la investigación sobre Juan Carlos de Borbón, rey emérito, para aclarar su implicación en el cobro de 80 millones de euros como supuesta comisión por la adjudicación del AVE (siglas de «Alta Velocidad Española», tren rápido) a La Meca a empresas de ese país.

El ministerio fiscal asume, de esa manera, la investigación abierta por la Fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada por el cobro de las comisiones irregulares en la fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, conocido como «AVE del desierto».

Este proyecto une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudita. Según las investigaciones preliminares, una de unas personas involucradas es Juan Carlos de Borbón, quien, sin embargo, se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo español.

«Dada la transcendencia institucional de esta investigación, se designa a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal, reúne una extraordinaria cualificación y experiencia», sostiene la nota de la Fiscalía.

Destaca que Juan Ignacio Campos será el fiscal designado, por su «conocimiento exhaustivo de lo que se denomina derecho penal económico» y su «dilatada experiencia como fiscal jefe de una de las secciones penales de la Fiscalía del Tribunal Supremo».

El pasado 15 de marzo, Felipe VI y la Casa Real española, en pleno estallido de la crisis del coronavirus, a través de un comunicado dejaron entrever la idea que renunciaba a la herencia de su padre. El Código Civil español prohibe, de modo expreso, renunciar a una herencia si antes no hay un fallecimiento.

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