El Gobierno ha decidido este viernes encargar a los servicios jurídicos del Estado que estudien «si es susceptible de ser impugnada» ante el Tribunal Constitución la proposición no de ley aprobada en la Asamblea de Madrid por la mayoría de PP, Ciudadanos y Vox, a iniciativa de ésta última, que pide ilegalizar a los partidos independentistas que atenten contra la unidad de España.
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