Banco Santander condenado por Acciones del Popular adquiridas en 2016 y 2017.

Dos nuevas sentencias obtenidas por el despacho de abogados de Jaime Navarro especializado en reclamaciones a los bancos.

Las dos sentencias destacan la falta de información veraz sobre el estado real de las cuentas de la entidad en el momento de estas adquisiciones.

Dos juzgados de la ciudad de Santander, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 y el Juzgado de Primera Instancia nº 8, han condenado a Banco Santander por venta sin información veraz de acciones de Banco Popular a dos clientes de la entidad. Las sentencias ordenan la devolución de las cantidades que invirtieron en este producto. Estos procedimientos ha sido resueltos judicialmente por el despacho de abogados de Jaime Navarro que se especializa en reclamaciones judiciales por inversiones fallidas y productos bancarios de riesgo.

El demandante del primer caso adquirió 10.000 acciones de Banco Popular, unos 5.000 euros, en varios contratos en abril y junio de 2017 —precisamente después de la ampliación de capital de 2017— mediante una información defectuosa ya que la información prestada por Banco Popular, hoy Banco Santander, no fue correcta pues los empleados transmitieron erróneamente al cliente que las cuentas de la entidad estaban saneadas y que se preveía una evolución positiva de las acciones bancarias. El cliente perdió toda la inversión lo que es claramente achacable al banco y a la deficiente información suministrada como indica la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santander, que explica que el cliente confió plenamente en la profesionalidad de los empleados de la entidad y en la información falsa sobre el verdadero estado financiero de la entidad. La sentencia condena a banco Santander el entender la nulidad al contratar estas acciones y en consecuencia obligando a la entidad a la restitución de la cantidad completa invertida.

La sentencia explica los graves “riesgos añadidos a la compra de acciones, no por el hecho de comprar acciones, producto no complejo, sino por el hecho de adquirirlas en una situación concreta y determinada de la que no se informó debidamente al consumidor, que era la posible falta de solvencia, que no solamente de liquidez del demandado, como se desprende de las pérdidas experimentadas en un breve espacio de tiempo”.

Sobre ello remarca la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santander “que justo antes de la ampliación de capital que nos ocupa tuviera unas pérdidas de 35 millones de euros y que las pérdidas en diciembre de 2016, unos meses después, ascendieran a 3485 millones de euros”.

Asimismo, también el Juzgado de Primera Instancia nº 8 ha condenado a Banco Santander a la indemnización de daños y perjuicios por la compra de 36.000 euros en estas acciones bancarias que adquirió otro cliente en su oficina de Banco Popular en el mes de septiembre de 2016. La sentencia repasa exhaustivamente la jurisprudencia favorable de diferentes juzgados y Audiencia Provinciales sobre esta materia concreta de acciones del Popular determinando que a partir de la suscripción de las acciones, se empiezan a producir en el banco una serie de circunstancias que hacen presumir razonablemente que los datos ofrecidos en la citada nota no eran reales: así las dimisiones de altos cargos de la entidad bancaria, pérdidas muy superiores a las previstas en aquellas materias que se habían considerado arriesgadas en la propia nota, reducciones de la plantilla… Estos datos no habían sido recogidos en toda su crudeza en la nota de valores, siquiera como riesgos previsibles próximos”.

Según el abogado Jaime Navarro:” Estas sentencias simplemente reconocen lo obvio: que el Banco Popular llevaba años, al menos desde 2009 presentándose ante la sociedad con una imagenabsolutamente falsa de solvencia. En estas circunstancias las ventas de sus acciones se efectuaban por un grave error de los accionistas o con grave daño de los mismos.”