Nuestros mayores siguen muriendo mientras el Gobierno de Cantabria no es capaz de ofrecer los servicios que la Ley de Dependencia les otorgan. Mientras tanto el Gobierno central sigue incumpliendo la financiación de la Ley de Dependencia.

La escandalosa muerte de nuestros mayores con derechos a prestaciones de dependencia sigue estando a la orden del día en Cantabria. El Diario Alerta presentaba el siguiente informe.

Un total de 229 personas fallecieron en Cantabria, en los primeros siete meses del año, mientras se encontraban en las listas de espera de la dependencia, 207 con derecho pendientes de prestación y 22 pendientes de resolución de grado, según los datos que ha dado a conocer este viernes la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha advertido de que la burocracia está retrasando la recuperación del sistema de atención a la dependencia español, de modo que, a pesar del aumento de 623 millones de euros, no se esta consiguiendo que las comunidades autónomas reduzcan las listas de espera de forma significativa.

A través de un comunicado, la entidad ha indicado que las listas de espera en el país han bajado un 2,2% (en 5.044 personas) en lo que va de año, pero 139 personas han fallecido al día (una cada diez minutos) «en el laberinto burocrático de la ley».

«433.466 personas siguen abandonadas, sin ser atendidas, en las listas de espera de la dependencia», han denunciado los directores y gerentes en servicios sociales.

En este sentido señalan que, según los datos presentados por el Ministerio de Derechos Sociales en esta materia, en los primeros siete meses de 2021 un total de 29.157 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia (17.733 dependientes con derechopendientes de prestación y 11.424 pendientes de resolución de grado) y que Asturias y Comunidad de Madrid son las CCAA con mayor número de defunciones.

Además, señalan, en Navarra y País Vasco «ni siquiera se ha mantenido la tasa de reposición», lo que ha supuesto una disminución en el número de beneficiarios de este sistema de atención, en 79 y 266 personas, respectivamente.

A su juicio, estas cifras determinan que «lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones», son necesarias «medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables del país» y pide al Gobierno central y a los autonómicos «reformas que agilicen los trámites».

En concreto, consideran «necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento». Del mismo modo, ven necesario «avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la puesta en marcha de las prestaciones».

La asociación insiste en que, aunque «ya se han recuperado los recortes del 2012 y se han incrementado los presupuestos», hay que «recortar procedimientos para evitar el sufrimiento y desatención de las personas en situación de dependencia, y la vergüenza de que 139 personas fallezcan cada día a la espera de algún procedimiento de la Ley».